05/02/2012     ¿Hay salida? : educación e investigación (III)

 El aborrecimiento hacia la ciencia llegaría a tanto en nuestra nación, que la frase "que inventen ellos" se convertiría incluso en lema de movimientos intelectuales y corrientes de opinión

 Desde que España decidió aplastar en su territorio la Reforma a sangre y fuego se descolgó tanto de la revolución científica como del extraordinario impulso educativo nacido de aquella. Ha pasado casi medio milenio y en esas andamos y poco consuela decir que a portugueses o italianos les pasó lo mismo. Recuerde el que piense que exagero que, a día de hoy, no hay ni una sola universidad española entre las ciento cincuenta primeras del mundo o que nuestra educación no deja de obtener pésimas calificaciones en sucesivos informes PISA.

El aborrecimiento hacia la ciencia llegaría a tanto en nuestra nación, que la frase "que inventen ellos" se convertiría incluso en lema de movimientos intelectuales y corrientes de opinión. La verdad es que ponerse manos a la obra en el terreno de la investigación fue causa no sólo de llorar sino de morir en la Historia de España iniciada con la Contrarreforma. El método científico lo habían inventado herejes protestantes como Bacon; sobre los universitarios españoles recayó la prohibición de estudiar en el extranjero porque así lo dispuso ese gran destructor de la grandeza de España que fue Felipe II y la Inquisición se ocupó del resto con verdadera pasión. El éxito de semejantes medidas fue, por desgracia, espectacular. El mismo año en que el protestante John Locke se dirigía hacia Inglaterra para contribuir a la Gloriosa Revolución y asentar los principios del liberalismo en la isla; en España, reinaba un tarado que no recibió atención médica porque se consideró más apropiado tratarlo con exorcismos y reliquias. Con paralelos así no deberíamos sorprendernos de nada.

No es que los españoles fueran racialmente negados o torpes o incluso desinteresados. No. Ése no era el problema. La desgracia –verdadera maldición histórica– que pesaba sobre ellos era el control ejercido por la Inquisición no sólo en cuestiones doctrinales sino en las áreas más diversas de la vida incluidas la educación y la investigación científica. En pleno siglo XVIII, ya no quedaban en España protestantes porque la Inquisición los había exterminado en la hoguera o había provocado su exilio para huir de las llamas. Tampoco podía perseguir a unos judíos expulsados en 1492 y que se habían asimilado al catolicismo por convicción o pánico hacía siglos. Sin embargo, las acciones de la Inquisición no brillaron por su ausencia ni tampoco las de un gobierno que consideraba la represión pro-católica timbre de honor. En España, la Inquisición tenía su Índice de libros prohibidos propio y, por añadidura, los confesores estaban sometidos a la obligación de preguntar sobre la posesión o el conocimiento de la posesión de tan peligroso material a los que se acercaban al sacramento de la penitencia quedando claro que la absolución del pecado quedaba reservada al Santo Oficio. La edición del Índice de la Inquisición española de 1790 contaba con 305 páginas, en folio, con columnas dobles y caracteres de imprenta de tamaño muy reducido. Prohibidos no estaban sólo Wycliff, Lutero, Calvino, Erasmo o Voltaire, sino también, en mayor o menor medida, Dante, Petrarca, Maquiavelo, Boccaccio e incluso Cervantes. El Robinson Crusoe –lectura infantil en la actualidad– fue incluido en el Índice en 1756. Al parecer, que un protestante se las arreglara para sobrevivir en una isla casi treinta años y además pretendiera enseñar el Evangelio a un caníbal resultaba insoportable para los inquisidores y debía mantenerse lo más lejos posible de las frágiles mentes hispanas. El espíritu de las leyes de Montesquieu – autor tan odiado por la Inquisición como, al parecer, por el PSOE – también fue prohibido en ese año. Tycho Brahe y Johannes Kepler - ¡dos astrónomos! – también estaban prohibidos y lo mismo sucedía con autores que tan sólo pretendían desarrollar una visión jurídica que no encajaba en el absolutismo regio que tanto complacía a la Santa Sede –Hugo Grocio, J. J. Burlamaqui, Samuel Pufendorf– o que eran contrarios a la tortura que practicaba la Inquisición como era el caso de Cesare Beccaria. Por supuesto, a todos ellos había que añadir los filósofos franceses como Rousseau y no pocos clásicos españoles que habían escrito páginas poco edificantes o en las que se deslizaban críticas relacionadas con la iglesia católica. El gobierno de Carlos III determinó en 1768 que si la Inquisición deseaba prohibir un libro y el autor era católico y español debía escucharlo previamente. Ni que decir tiene que semejante medida no evitó las condenas. El padre Isla –una de las mentes más preclaras de la Ilustración española– sufrió la prohibición de su Fray Gerundio de Campazas.

Pero la acción represiva del clero no se limitaba a la literatura y la ciencia, sino que servía para quitar de en medio a cualquiera so pretexto de heterodoxia. A Pablo Olavide, uno de los ilustrados, lo miraban mal los medios más diversos, pero el golpe de gracia se lo dio un capuchino alemán que no veía bien que sus ovejas germánicas se mezclaran, como pretendía Olavide, con las españolas. Como Uriarte o Setién, debía pensar el clérigo que el catolicismo no necesariamente implicaba creer en la igualdad de razas y denunció a Olavide. Así comenzó en España uno de los juicios inquisitoriales más famosos del siglo XVIII que concluyó, tras años de mazmorras, con la huida del ilustrado español a la protestante Ginebra.

Olavide no fue una excepción. Bernardo y Tomás Iriarte también fueron objeto del ataque de la Inquisición –los dos pensaban con bastante sensatez que el Santo Oficio era el culpable de la ignorancia de la nación española– y lo fue el matemático Benito Bails porque quien tanto tiempo dedicaba a las ciencias exactas sólo podía ser ateo; y lo fue Luis Cañuelo, editor de El Censor; y lo fue Macanaz y lo fueron tantos otros.

Hubiérase esperado que semejante despropósito que seguía manteniendo a España situada en la cola científica de Europa desapareciera en algún momento, pero no fue así. Durante el siglo XIX, los intentos liberales por crear un sistema educativo verdaderamente sólido y que alcanzara a toda la población como, por ejemplo, sucedía desde inicios del s. XVI en la Suiza protestante, se vieron frustrados una y otra vez por una iglesia católica que no deseaba verse privada del monopolio educativo. Los relatos decimonónicos de aquellos maestros que sabían que podían encontrar en el párroco a un enemigo acérrimo se correspondieron, por desgracia, en no pocos casos con la realidad. A fin de cuentas, el último ajusticiado de la Inquisición, Cayetano Ripoll, era, además de protestante, maestro.

Partiendo de esas bases, no puede sorprender que las instituciones educativas que fueron surgiendo a lo largo del s. XIX lo mismo si estaban incluidas en los ateneos libertarios que en la Institución libre de enseñanza nacieran con una carga ideológica asfixiante. La izquierda española – no nos cansaremos de repetirlo – creció modelada a la imagen y semejanza de la iglesia católica y entendía no que la educación pudiera ser algo neutro y carente de sectarismo sino que se trataba –como lo había sido durante siglos– de un instrumento de control social y político de primer orden. Hasta ZP ha mantenido, por desgracia, ese punto de vista.

Pero –quizá se pregunte alguno– ¿no fue la educación ejemplar durante el régimen de Franco? ¿No se vivió durante la dictadura una especie de oasis educativo? Sinceramente, creo que hay que desconocer mucho el tema para pensar cosa parecida. De entrada, la educación no estaba al alcance de un porcentaje muy elevado de la población. También es cierto que, mediante el expediente de entrar en un seminario, hubo niños y niñas que pudieron acceder a ella. Recuerdo a la perfección como, a finales de los sesenta, un vecino expresaba su sorpresa porque, por primera vez, algunos de esos estudiantes abandonaban el seminario concluidos sus estudios y no se mantenían en la senda de la clerecía. No faltarán los que culpen de esas decisiones al concilio Vaticano II, pero yo creo que, simplemente, comenzaban a aparecer almas cansadas de tanto abuso. De manera semejante, no faltarán los que recuerden criaturas de pocos años que trabajaban en condiciones durísimas –mi memoria llega hasta los sesenta y los setenta y no creo que la situación en los cuarenta y cincuenta fuera mejor– porque no habían podido estudiar. En cuanto al acceso a la enseñanza, aquella época no fue –ni de lejos– mejor que ésta.

A la falta de acceso a la enseñanza, se sumaba su carácter ideologizado y limitado. No cabe duda de que la ortografía se enseñaba muy bien gracias a los dictados, pero todavía en la adolescencia di yo en la biblioteca de mi colegio con un Índice de libros prohibidos que, hasta el Vaticano II, había mostrado lo pernicioso que era leer a Baroja, Blasco Ibáñez o Unamuno. No se trataba sólo de establecimientos educativos regentados por órdenes religiosas. Mi profesor de filosofía de Sexto, don Manuel Márquez, me contó cómo cursando la licenciatura, para leer a Sartre tuvo que solicitar licencia al obispo.

Es verdad que no puede dudarse de que mucha gente sabía quién era don Pelayo, pero no nos ufanemos en exceso. Al mismo tiempo, se les enseñaba lo benéfica que había sido la Expulsión de los judíos o lo agradecidos que debíamos estar a la Santa Inquisición –puedo dar testimonio personal de ambos extremos– a la vez que se le hurtaban de la Historia de España personajes de primer orden, pero “heterodoxos”. Que algunos lograran ya en las postrimerías del franquismo leer sin censura elDecamerón o incluso a Marx no cambia ese panorama.

En términos generales, la educación en Humanidades fue mucho más sólida que ahora, pero no mucho menos sesgada ideológicamente; la formación técnica era sensiblemente inferior a la de otras naciones europeas y no digamos a la de Estados Unidos y la investigación científica –excepciones aparte– no tenía punto de comparación. Nuestros grandes arabistas, nuestros grandes hispanistas o nuestros grandes especialistas en derecho romano no cambian ese panorama.

Por supuesto, con la llegada de la izquierda al poder, los pecados seculares se repitieron aunque ahora orientados hacia la otra dirección. También la izquierda intentó reescribir la Historia de España; también la izquierda se esforzó por controlar la educación; también la izquierda hizo lo posible y lo imposible por imprimir el mayor sectarismo a los contenidos y también la izquierda intentó copar las cátedras. Si algunos de los catedráticos ahora eméritos pueden citar cátedras concedidas por la presión de distintas órdenes religiosas, los pobres alumnos actuales saben que hay titulares cuya única característica notable es su carnet o –en el caso de algunas privadas– su piedad católica supuesta o real.

De creer a Ricardo de la Cierva –y tengo razones para pensar que el dato es cierto– sólo el Opus se planteó en los años sesenta y ante la perspectiva de cambio de régimen, el reparto de cátedras con el adversario, en ese caso, el PCE. Sabido es que, al fin y a la postre, en España no se implantó el sistema italiano de "compromiso histórico" y el PSOE se quedó con el santo y la limosna.

Naturalmente, con esos mimbres no se puede esperar que los cestos nacionales de educación y ciencia salgan bien y nunca saldrán mientras el sectarismo prime sobre la investigación científica, mientras la ideología prevalezca sobre el estudio, mientras el control de cátedra se imponga sobre el trabajo y mientras la identidad de carnet resulte más relevante que el mérito.

Permítaseme referir una historia personal relacionada con ese cainitismo que persigue a cualquier coste que sólo se escuche su voz y que pretende por sistema acabar con el disidente. En 1994, Mario Muchnik publicó mi libro La revisión del Holocausto en el que desmontaba las tesis de los autores negacionistas que sostenían –como ahora Ahmadineyah– que nunca hubo un Holocausto. El libro fue objeto de ataques en librerías de Zaragoza, Madrid y Barcelona por parte de grupos neo-nazis que arreciaron en sus agresiones cuando, al año siguiente, Alianza editorial publicó El Holocausto, la primera historia de la Shoah escrita en español por un autor español. Dirá algún lector que es lo que cabe esperar de los nazis. Seguramente, pero unos años después, en un conocido diario, un ceporro que enseña en una universidad de provincias solicitó que se me prohibiera escribir y hablar. Sucedía muy poco antes de que en un programa de televisión en la nacionalista Cataluña y con fondos públicos se procediera a ahogar mi Camino hacia la cultura, imagino que por eso de que el nacionalismo catalán tiene sus manías y una de ellas es que se le discuta su especial visión cultural. “Los nacionalistas, ya se sabe…”, dirá alguno. “Los nacionalistas”, diría yo, “han tenido y tienen ayuda directa de obispos como Setién y Uriarte y cardenales como Sistach”. Pero prosigamos con la breve historia. No mucho después, Cristina Almeida, hija de franquista y pasajera por el PCE y el PSOE siempre con cargos, señalaba en público que cuando veía mis libros le daba gana de quemarlos. La afirmación – sincera sin ningún género de duda – fue objeto de algún comentario irónico por mi parte y de un artículo en La Razón donde recordaba yo los antecedentes familiares de la curvilínea abogada. “Ya se sabe como es de sectaria la izquierda española…”, podrá decir alguno. Sí, seguramente, pero hace apenas unos días y gracias a esta serie que están ustedes leyendo, una página web católica ha decretado el boicot contra mis libros. Al igual que los nacionalistas catalanes, que los socialistas, que los comunistas o que los nazis, los talibán de la citada página –que no empezaron mal, pero que están terminando por convertirse en un Santo Oficio de tercera regional y que, dada la vida personal de quien escribe algunos de sus artículos harían mejor en callar– han terminado por lanzar su fatwa especial contra las opiniones que no gustan. Con la excepción de los nazis que, gracias a Dios, nunca terminaron de arraigar en España, todos los personajes en cuestión pertenecen a grupos que, en mayor o menor medida, han ido dejando a lo largo de la Historia de España muestras no escasas de intolerancia causando un daño de dimensiones difíciles de cuantificar, pero, sin duda, inmensas. Gracias a Dios que, al menos de momento, tanto la Inquisición como las checas han dejado de funcionar, pero la pregunta sigue resultando obligada:

¿Y existe salida?

Sí. Habrá salida el día

que la educación no dependa de comisarios políticos sino de criterios simplemente científicos;

que cualquier niño español pueda estudiar en español en cualquier rincón de España a pesar de que se hable de líneas rojas y de que haya cardenales que las bendigan;

que se elimine totalmente la endogamia en las universidades

que no sea más importante el conocimiento de lenguas escandalosamente minoritarias que el dominio de una especialidad

que se prime a los que han ampliado sus estudios en universidades extranjeras de primer orden sobre los que permanecieron en España haciéndose con un carnet o adulando al jefe del departamento;

que desaparezcan las inquisiciones que, en no pocas ocasiones, sólo tienen como finalidad el mantener el cortijo en manos de unos y evitar que pase a las de otros;

que en lugar de adoctrinadores políticos, las universidades dispongan de docentes que sepan lo que es una empresa y encaminen a los estudiantes en esa dirección en lugar de hacia el paro;

que los planes de estudio sean serios y no vías para que los liberados sindicales o los profesores cobren sobresueldos;

que el acceso al profesorado no dependa de la ortodoxia religiosa o política sino del conocimiento y del mérito y que, por lo tanto, los mejores no tengan que exiliarse al extranjero en busca de las oportunidades que España les brinda como tuvieron que hacer los reformadores españoles que en el s. XVI acabaron como catedráticos en Cambridge o Ginebra, que los ilustrados que terminaron en mazmorras o que los eruditos liquidados por cualquiera de las dos Españas intolerantes durante la guerra civil.

El día que así suceda habrá salida en el terreno educativo y científico para nuestra sociedad. Mientras tanto, sólo seguiremos arrastrando los males que recayeron sobre nosotros cuando España decidió abrazar la causa de la Contrarreforma.

29/01/2012     ¿Hay salida? (II)

Junto a los privilegios de unas regiones sobre otras y de unos estamentos económicos sobre otros, encontramos los privilegios de diputados y senadores y otras figuras políticas. Comprensibles a inicios del siglo XIX, hoy son injustos e injustificados

Históricamente, España ha sido una nación cuya trayectoria ha discurrido, en no escasa medida, de espaldas al imperio de la ley e inmersa en la aceptación de los privilegios y de lo que he denominado "tuertismo" a la hora de juzgar esa circunstancia. Semejante configuración social es un fruto directo del orden medieval en el que el feudalismo, por un lado, y la supremacía espiritual de iglesias como la católica o la ortodoxa consagraron la existencia de una serie de estamentos y territorios con derechos bien diferentes. Para los empeñados en pintar la Edad Media como una Era dorada en el que poder político estaba sometido al papal en todos los órdenes, semejante realidad es magnífica. El problema es que la verdad histórica se acerca más al terreno de lo horripilante que al de lo ejemplar y, en términos meramente jurídicos, implicó un atraso de siglos que nos condujo a códigos mesopotámicos como el de Hammurabi y que arrojó por la borda conquistas legales como las recogidas en la Torah de Moisés o incluso el derecho romano.  Lejos de avanzar hacia la igualdad ante la ley, la Edad Media consagró –y legitimó– un orden sustentado en el privilegio, es decir, la norma privada.

Semejante cosmovisión recibió un golpe de muerte con la Reforma del siglo XVI y no podía ser de otra manera porque cuando, por ejemplo, Lutero escribió que el trabajo realizado por la mujer que limpiaba la iglesia era tan importante como el del clérigo que predicaba no sólo enaltecía enormemente cualquier labor honrada encaminada a ganarse la vida sino que, por añadidura, daba un paso de gigante en la desaparición de la sociedad estamental y con clases legalmente privilegiadas, en la igualdad ante la administración de justicia y en el imperio de la ley. Esas conquistas jurídicas explican, por ejemplo, las revoluciones puritanas del s. XVII en Inglaterra o la americana de finales del s. XVIII.  En otras naciones que no experimentaron el impacto de la Reforma, el proceso se retrasó siglos o incluso, como es el caso de España, nunca ha terminado de cuajar por completo.  

Ciertamente, los liberales españoles habrían deseado crear ese estado moderno a partir de la Constitución de Cádiz de 1812, pero, al aceptar que determinados elementos sociales mantuvieran sus privilegios jurídicos, impidieron esa posibilidad.  Fue José María Blanco White, amigo íntimo de Argüelles "el divino", el que le advirtió –y acertó de lleno– que la constitución gaditana estaba condenada al fracaso desde el momento en que se había negado a recoger – como en Inglaterra, Francia o Estados Unidos –la libertad religiosa para así satisfacer a la Iglesia católica.  Semejante paso implicaba entregar lo más preciado en un ser humano –la conciencia– a una institución privilegiada que no dudaría en aliarse con el rey a su regreso para aniquilar el sistema liberal.  Se trataba de un pronóstico pesimista y triste, pero resultó indudablemente certero.  Fernando VII –y los absolutistas que lo sucedieron como su hermano Carlos– tuvo como aliado primordial a una Iglesia católica determinada como fuera a impedir la creación de un estado liberal que, por definición, tenía que acabar con su situación privilegiada.  En no escasa medida, ese factor explica buena parte de la Historia de España durante el s. XIX y buena parte del siglo XX.  

Con todo, la idea del privilegio no era exclusiva de la monarquía o de la Iglesia católica.  A decir verdad, estaba ya tan incrustada en la mentalidad hispánica que la misma izquierda no tardó en articularse con una visión de privilegio aunque orientada en otra dirección. 

Muchos de esos privilegios se mantuvieron incluso en la Constitución de 1978 por razones comprensibles en su día.  Sin embargo, actualmente, si deseamos que España deje de ser diferente en el peor sentido del término no pueden seguir manteniéndose.  A decir verdad, deben desaparecer:

Los privilegios regionales  

Una de las grandes desgracias de España es el mantenimiento de privilegios regionales de lejano origen medieval, de apoyo cerrado por parte de la Iglesia católica antes, durante y después de las guerras carlistas, y de condición absolutamente intolerable en un régimen democrático.  A día de hoy, no es de recibo que las Vascongadas y Navarra posean un régimen fiscal distinto y privilegiado – el denominado "pufo vasco" por Miguel Buesa –basado en unos presuntos derechos territoriales que nos retrotraen en su concepción jurídica al foralismo medieval.  Si a esto añadimos las pretensiones del nacionalismo catalán de obtener un privilegio semejante, podemos captar el tremendo daño que esa situación causa –y causará– a la nación.

Todavía menos de recibo es que en esas regiones se produzca la privación de derechos a determinados segmentos sociales –como los no catalano-parlantes– por cierto, todo hay que decirlo con el respaldo cuando no el aplauso de sus respectivos episcopados.

Las distintas regiones o CCAA o como puedan llegar a denominarse en el futuro esas entidades territoriales no pueden disfrutar de privilegios y menos en materia tan delicada, sensible y necesaria como la fiscal o la lingüística y mientras esos privilegios no desaparezcan España no será totalmente una nación de ciudadanos libres e iguales.

Los privilegios sindicales y patronales

Tampoco resulta aceptable que determinados entes sociales de creación relativamente reciente se hayan convertido en estamentos privilegiados que viven del esfuerzo de los ciudadanos como antaño la aristocracia del Tercer Estado.  Sin entrar en la cuestión de si practican o no un sindicalismo acorde con los tiempos, lo que resulta obvio es que no puede seguir manteniéndose a los sindicatos y a la patronal con cargo al erario público.  Semejante idea era lógica en el corporativismo fascista de Mussolini o en el régimen católico de Franco que se esforzaba por unir en el mismo ente a los denominados "productores" y a los empresarios.  Carece, sin embargo, de justificación; choca con los ejemplos del derecho comparado y sirve sólo para articular un sistema costoso de privilegiados. Los sindicatos y la patronal –pese a quien pese- deben mantenerse de las cuotas de sus afiliados y no de una financiación privilegiada.   

Los privilegios políticos

Junto a los privilegios de unas regiones sobre otras y de unos estamentos económicos sobre otros, encontramos los privilegios de diputados y senadores y otras figuras políticas.

Estos privilegios son, fundamentalmente, de tres órdenes: penal, fiscal y económico.  Penalmente, los miembros del poder legislativo siguen disfrutando del privilegio de aforamiento que les permite eludir su sometimiento a un procedimiento penal como el que es de aplicación para el resto de los ciudadanos. Tal situación es imposible de sostener a día de hoy.  Comprensible a inicios del siglo XIX para protegerse del absolutismo regio –pero inoperante, a fin de cuentas, porque el rey absoluto persiguió exactamente igual a los liberales con la colaboración de la Santa Inquisición si así era preciso– hoy en día no es sino un privilegio injusto e injustificado.  Episodios como los de Felipe González en relación con los GAL, de Jordi Pujol en relación con Banca Catalana, de los diputados de HB protegidos por el PNV en el parlamento vasco o de José Blanco en relación con Campeón constituyen ejemplo de unos privilegios intolerables. 

Económicamente, los miembros del legislativo también se benefician de exenciones y bonificaciones fiscales fuera del alcance del ciudadano medio. Por último, en el terreno económico, los miembros del legislativo son objeto de una cobertura social en caso de desempleo y de unas pensiones doradas de las que tampoco disfrutan los ciudadanos de a pie.  Han venido así a constituir una neo-aristocracia que recoge los privilegios de las de otros tiempos: mejor tratamiento penal, mejor tratamiento fiscal y mejor tratamiento económico.    

Los privilegios en la percepción de los caudales públicos

Como sucedía en la sociedad estamental, también en la española de inicios del s. XXI existen segmentos que son objeto de privilegios relacionados con los caudales públicos. En ocasiones, el privilegio se recibe como una merced que ahora es denominada subvención; en otros, como una exención.  En este último caso, el ejemplo más claro es el que presentan las SICAV, un organismo creado por el gobierno socialista de Felipe González para ayudar a los más ricos a pagar menos impuestos y del cual se benefician actualmente desde conocidos cineastas "progresistas" a la Iglesia católica que cuenta con varias. 

Con los matices que se quiera señalar, lo cierto es que la existencia de estos mecanismos legales de privilegio económico resulta, sencillamente, bochornosa, pero que además pueda perpetuarse en momentos como los actuales constituye un verdadero escándalo.

Los privilegios de la monarquía

En el capítulo de los privilegios medievales que han resistido el paso del tiempo ocupa un lugar nada desdeñable la impunidad del rey. Aunque la monarquía española es formalmente constitucional, no resulta menos cierto que el actual rey no quiso renunciar a un privilegio que arrancaba de la época de Franco y que consistía en la irresponsabilidad del Jefe de Estado por sus actos. Mientras que en Estados Unidos, el presidente puede ser objeto de impeachment y de un proceso penal y que ese principio de sometimiento de todos los ciudadanos al imperio de la ley se recoge en otras legislaciones comparadas, en España seguimos manteniendo una situación de privilegio que no es de recibo.

Los privilegios por razón de religión

Algo muy similar a lo señalado en los apartados anteriores sucede en el terreno de los privilegios por razón de religión que en España están circunscritos de manera única y exclusiva a la Iglesia católica.  

El apoyo a los partidos nacionalistas –sin excluir a ETA– el abandono del barco del franquismo, los Acuerdos que sustituyeron al Concordato y el papel representado en la Transición por la Iglesia católica resulta totalmente incomprensible si no se tiene en cuenta el deseo de salvar en el nuevo régimen democrático los muchos muebles acumulados durante un régimen, el de Franco, en que llegó a ser un estado dentro del estado.  La Constitución de 1978 privó a la Iglesia católica de su condición de religión oficial, pero la mantuvo en una situación de privilegio frente a cualquier otra confesión y, sobre todo, encajonó el ordenamiento jurídico español en un sistema pactista que permitiera sustituir el Concordato por unos Acuerdos que al ser suscritos por la Santa Sede contaban con rango de derecho internacional y, por lo tanto, están por encima de la Constitución española.

Es muy posible que esa salida en 1978 fuera la más adecuada, pero, a día de hoy, esa situación de privilegio es insostenible por varias razones.  En primer lugar, porque otorga a la Iglesia Católica no sólo frente a otras confesiones sino frente a otras personas jurídicas una situación de privilegio en el terreno fiscal. No se trata sólo de sus SICAV sino de la inclusión de una casilla en la declaración del IRPF o de las cantidades –jamás publicadas, jamás calculadas de manera global– que recibe por otros conceptos como la restauración de templos, la subvención de centros de enseñanza, la entrega de dinero público para ONGs relacionadas con la misma y un largo etcétera. Por añadidura, la casilla del IRPF ni es el impuesto religioso alemán –un sistema mucho más justo, aplicable a distintas confesiones y que permite saber los fieles dispuestos a costear su religión– ni tiene una alternativa sensata ya que los gastos de interés social pueden ser los hipopótamos de Trinidad Jiménez. El judío, el protestante, el agnóstico, el ateo o el simplemente partidario de la separación entre iglesia y estado debe escoger entre financiar a una confesión que no es la suya o a las dictaduras hispanoamericanas.  Sin duda, semejante panorama favorece a la Iglesia católica, pero no puede decirse que sea justo ni razonable. 

A estas alturas de nuestra Historia, sería mucho más sensato –y, desde luego, democrático– adoptar un sistema de separación total de iglesia y estado como el que existe en Estados Unidos aunque eso signifique, por ejemplo, una exención de impuestos para las distintas confesiones religiosas.  En última instancia, lo más razonable es que sean los fieles de cada religión los que la mantengan si es que la Providencia no está dispuesta a hacerlo. No parece, por el contrario, que los contribuyentes deban cargar con ese gasto cuando se trata de una cuestión íntima que cada uno también íntimamente –y se supone que con entusiasmo incluso– debe costear o no de acuerdo con su conciencia.   

Me consta que no faltarán los taliban que interpretarán mis palabras como un ataque frontal contra el catolicismo e incluso, como ha escrito algún majadero, como una colección de argumentos para el exterminio del catolicismo en España, afirmación esta última que denota lo poco que cree, en el fondo, en la persistencia de una confesión religiosa sin el apoyo directo y privilegiado del poder civil.  A pesar de todo, esas reacciones me dejan indiferente ya que, a fin de cuentas, no se puede evitar, como señaló Kipling, "escuchar toda la verdad que has dicho, tergiversada por malhechores para engañar a los necios".  Por añadidura, me consta que no muchas personas, incluidos católicos, pueden decir que han defendido con tanto denuedo la libertad de los fieles católicos, de manera pública y expresa, cuando han sido objeto de burlas o vejaciones en España. Se trata de un comportamiento que he adoptado en el pasado y que seguiré adoptando en el futuro cada vez que haya fanáticos dispuestos a injuriar, burlarse o atacar a otros por razón de la religión que practican. Se trata de una conducta que me ha sido agradecida en docenas de ocasiones por católicos que no eran más papistas que el papa, que no se dedican a ayudar a Dios a llevar la contabilidad de los que se salvan y que no pasaban más tiempo observando al prójimo para ver los pecados que descubren que haciendo el bien.   Sin ir más lejos, esta semana, tuvimos en Libertad digital como pareja invitada de la semana al párroco y al sacristán de una parroquia del este de España y, difícilmente, habrían podido estar más agradables conmigo asegurándose, por ejemplo, que todos los días, tras concluir la misa de las 19:30, conectan esRadio para escuchar mi programa. Es fácil saber de dónde venían, pero permítaseme omitir su origen a fin de que los taliban que quieran avisarles de mi maldad teológica se tomen por lo menos la molestia de buscar el dato en la página web del programa.

Dicho todo esto, mi defensa de la libertad de conciencia no me ciega ante dos circunstancias que considero indispensables.

La primera es la veracidad en el análisis histórico que, en mi caso no es tuerto como sucede con otros y que no va a exculpar jamás atrocidades históricas como la Expulsión de los judíos en 1492 o la quema de protestantes en la España de la Contrarreforma porque ZP impulsara una ley de Educación para la Ciudadanía, cuyos objetores, por cierto, fueron abandonados por la Conferencia Episcopal en la segunda legislatura del ahora vigilante de nubes; y la segunda es mi firme convicción de que los católicos españoles serán mucho mejor católicos cuando su iglesia deje de disfrutar los privilegios que ha disfrutado durante siglos a lo largo de la Historia de España.

Si ese día –para bien de todos– llega alguna vez, los católicos españoles se parecerán a los de Estados Unidos y en lugar de pedir a Blázquez que censure el estado matrimonial de Soraya Sáenz de Santamaría y otros, le afearán en público el que no defendiera a las víctimas de ETA en todo lo que estuvo al alcance de su mano como me han hecho saber algunas de ellas.

Si ese día –para bien de todos– llega alguna vez, los católicos españoles se parecerán a los de Estados Unidos y sentarán en el banquillo a los sacerdotes y obispos relacionados con los abusos de menores, en lugar de minimizar unos hechos criminales apelando a la escasa proporción de delincuentes de ese género repugnante que puede haber entre el clero.

Si ese día –para bien de todos– llega alguna vez, los católicos españoles se parecerán a los de Estados Unidos y, como J. F. Kennedy ya en los años sesenta del siglo pasado, se darán cuenta de que la enseñanza religiosa no debe ser pagada por el Estado sino por los que la disfrutan.

Si ese día –para bien de todos– llega alguna vez, los católicos españoles se parecerán a los de Estados Unidos y no enfocarán la situación política sobre la base de lo que afirma la Santa Sede –tantas veces errada en sus juicios temporales- hasta el extremo de condenar la intervención en Irak, que sólo veinticuatro horas antes apoyaban, porque el papa se había pronunciado en sentido contrario, episodio éste que viví de cerca en la cadena COPE y que no constituyó ni mucho menos una excepción.

Si ese día –para bien de todos– llega alguna vez, los católicos españoles se parecerán a los de Estados Unidos y mantendrán a su iglesia como hacen los fieles de otras confesiones religiosas y como es su obligación.  Y es que debo confesar que pocas cosas me causan mayor pesar que el ver que judíos y protestantes españoles sufragan animosos los gastos de sus respectivas confesiones mientras que no lo hacen los católicos a pesar de que han tenido siglos para conseguirlo.  

Al fin y a la postre, el día en que desaparezcan los distintos privilegios –regionales y políticos, sindicales y patronales, regios y religiosos– España habrá dado un paso extraordinario –aunque no el último- para ser de verdad una nación de ciudadanos libres e iguales.

22/01/2012     ¿Hay salida? (I)

 Pretender borrar la Historia de España o convertirla en un compendio de virtudes y justificaciones de lo injustificable, son dos caminos semejantemente dañinos y llamados a perpetuar una mentalidad intolerante y perniciosa.

Un empresario que ha seguido con inusitado interés esta serie de artículos me decía hace unas semanas que había quedado totalmente convencido de mi visión de la Historia de España, pero lo que le importaba saber es si existía alguna manera de liberarnos de esa herencia de siglos. Con gesto compungido, me preguntaba si no había manera de escaparse de lo negativo que pueda haber en nuestro pasado. En otras palabras, ¿hay salida?

Mi respuesta es que sí, pero que no es fácil porque los obstáculos se han ido enraizado durante siglos impidiendo cualquier consolidación del progreso salvo en aquellas cuestiones en las que ya otros han avanzado. Quizá la prueba más dolorosa de esa realidad sea lo que sucedió la mañana del 11-M. En lugar de responder como hicieron los ciudadanos británicos y norteamericanos frente a los ataques terroristas, la población española decidió volverse en no escasa medida contra su gobierno. Las razones eran varias. O pertenecían a la izquierda, o se alineaban con los nacionalismos vasco y catalán o no podían perdonar al PP que no hubiera seguido el mandato del papa de no entrar en la guerra de Irak. Fuera por lo que fuera, al final los que decidieron respaldar a su nación frente a una agresión que –ingenuamente– se pensó venida de fuera resultaron minoría y las conquistas de la Era Aznar no sólo no se consolidaron sino que fueron pulverizadas por el siguiente gobierno. Por enésima vez en la Historia de España el edificio parecía más que aceptable, pero, al carecer de las raíces que existen desde hace medio milenio en otras naciones, bastó golpearlo para que se viniera abajo.

Frente a esa situación –y tiene su lógica– no pocos españoles han optado por adoptar una posición muy semejante a la de ciertos pensadores musulmanes. El autor árabe Mohammed Yaberi en dos obras Nahnu wa-t-turat(Nosotros y nuestra herencia) y Takwin al–áql al–´arabi (El proceso de formación de la razón árabe) ha mostrado cómo el gran problema de los árabes es que no pueden contemplar un presente que no les gusta y, por lo tanto, se vuelcan en una visión –idílica y por ello falsa– del pasado. Eso mismo sucede con no pocas naciones de mentalidad católica y, de forma indiscutible, con un sector no pequeño de los españoles. El pasado o es rechazado como algo horrible que justifica cualquier desmán presente –una visión tuerta que ha caracterizado a buena parte de la izquierda– o es absorbido de una manera neciamente falsa e idealizada que, puesta a defender la Historia patria, intenta hasta justificar monstruosidades como la Expulsión de los judíos en 1492 o la quema de herejes por la Inquisición desde el s. XVI hasta inicios del s. XIX. Ambas actitudes son dañinas y peligrosas para la nación porque el primer paso que tenemos que dar para conservar lo bueno de nuestro pasado y, a la vez, librarnos de todo lo malo es el de asumirlo de manera veraz.

I. Sí hay salida, pero asumamos verazmente el pasado.

Uno de los grandes libros –descatalogado actualmente– de Federico Jiménez Losantos es Los nuestros. A lo largo de docenas de viñetas, Federico asumía como propios a aquellos españoles que nos habían antecedido ya fueran héroes o villanos, genios o cupletistas, mujeres u hombres, conservadores o comunistas. No dejaba de emitir juicios de valor propios de un liberal, pero, a la vez, evitaba hacer una purga tuerta como ésas a las que tan habituados han estado los españoles a lo largo de los siglos. 

Frente a sólo quedarnos con los "nuestros" como los únicos que son verdaderamente españoles, tenemos que aprender a asumir el pasado verazmente. Cualquiera que haya leído una obra tan tendenciosa, manipulada y llena de errores como la Historia de los heterodoxos españoles de Menéndez Pelayo se percata de que muchos de aquellos a los que el intolerante escritor ataca eran mejores españoles y, simplemente, mucho mejores personas que el mismo autor que se empeñó en que el destino de España era ser "martillo de herejes", o sea, una nación liberticida de sanguinarios inquisidores. No, ese destino no tuvo nada de glorioso; agotó nuestra riqueza y nuestra sangre en favor de un poder espiritual asentado en tierra extranjera y marcó a fuego y por desgracia los siglos siguientes.   

Por supuesto que España pudo –y puede– ser mucho más, pero necesita como cualquier ser sometido a una dolencia reconocer sus males. Habrá quien diga que ese es un principio netamente enraizado en la Biblia, pero podrá señalarse igualmente que es de mero sentido común. Sólo el enfermo que conoce su enfermedad puede aspirar a intentar recibir la cura. Precisamente por ello, defender la Inquisición a estas alturas –¿cómo se puede ser tan miserable moralmente?– o la Expulsión de los judíos –¡y luego dirán que no hay antisemitismo en nuestra Historia y que nada tiene que ver con la iglesia católica!– o las matanzas de Paracuellos –de nuevo el fin justifica, en este caso la lucha contra el fascismo, los medios– o el fanatismo ruinoso de Felipe II constituyen ejemplos clamorosos de una actitud profundamente dañina que denota un interior repleto de ignorancia histórica, de tuertismo moral o de indigencia ética, bases todas ellas desde las que es imposible regenerar España.    

Es difícil para una mentalidad modelada por la idea de una sola iglesia verdadera, que nunca se equivoca y fuera de la cual sólo hay tinieblas y condenación comprenderlo, pero se puede amar a Calderón como artista aunque la moral sexual de sus obras espeluzne; se puede cantar el heroísmo sobrecogedor de los Tercios y llorar la necedad fanática de unos Austrias que aniquilaron el imperio al convertirlo en el brazo armado de la Contrarreforma; se puede admirar la gesta de los guerrilleros que combatían contra los franceses lamentando al mismo tiempo que la libertad política –con excepciones como la de El Empecinado– no figurara entre sus metas; se puede deplorar las inmensas injusticias sociales de los años 20 y 30 del siglo XX sin asumir las soluciones de la CNT o del PSOE; se pueden reconocer los avances del desarrollismo de los años sesenta a la vez que se siente dolor por la ausencia de libertades, por los deseos de Franco de perpetuar su sistema y, de manera especial, por el carácter ovejuno de una población que deseaba muchas cosas antes que la libertad y que permitió que el dictador muriera en la cama. Es indispensable captarlo porque, de lo contrario, frente a los dislates de ZP se seguirán alzando las presuntas ventajas de la Inquisición y contra la dictadura de Franco se pretenderá erguir la supuesta inevitabilidad de las checas. 

Pretender borrar la Historia de España –como Azaña y otros regeneracionistas– o convertirla en un compendio de virtudes y justificaciones de lo injustificable –como algunos nacionalistas del pasado y algunos filo-franquistas del presente– son dos caminos semejantemente dañinos y llamados a perpetuar una mentalidad intolerante y perniciosa. A decir verdad, el regreso a períodos pasados como la España de los Austrias, la Segunda República o el Régimen de Franco me parece no sólo terrorífico sino uno de los destinos menos deseables para cualquier persona que ame la libertad y yo, precisamente, creo que la Historia de España debe ser examinada desde ese deseo de libertad y así es como yo me permito examinarla.    

Si podemos contemplar así la Historia de España rechazando de plano la idea de que la pérdida de peso social y político de la iglesia católica es la causa de sus males –su peso excesivo sí que fue la causa directa e innegable, entre otros fenómenos, de los pogromos anti-semitas de la Edad Media, de la Expulsión de los judíos de 1492, de la imposición de la Inquisición, del exterminio de los protestantes, del desastre imperial, de la imposibilidad de crear un estado moderno, del nacimiento de los nacionalismos catalán y vasco o de la persistencia de ETA– o de que la imposibilidad de coronar hasta el final un programa de izquierdas –que, como hemos visto, ha tenido siempre una mentalidad de retrato en negativo de la iglesia católica– es el origen de nuestro atraso, habremos dado un gran paso.     

Porque, desde la libertad, tenemos la obligación de honrar a nuestros héroes, pero no la de venerar a los que los sacrificaron por sus fanatismos en causas inútiles en el Centro de Europa o en la destrucción de culturas en Hispanoamérica.

Porque, desde la libertad, tenemos la obligación de considerar la Reconquista una gran gesta, pero no la de convertir España en un grupo de mesnadas y reinos de Taifas que, por añadidura, reciben en algún caso el respaldo eclesial para que nunca exista un estado fuerte y libre que imponga una verdadera separación entre iglesia y estado.    

Porque, desde la libertad, tenemos la obligación de admirar a nuestros genios, pero no por eso hemos de asumir el antisemitismo de Quevedo o la aversión a los gitanos de Cervantes o la moralidad injusta de Calderón.     

Porque, desde la libertad, tenemos la obligación de sentirnos orgullosos de nuestros pintores, pero no por eso hemos de seguir el ejemplo de los reyes tarados o de los bufones de la Corte pintados por ellos mientras en las zonas de Europa donde había triunfado la Reforma ya se pintaba a la ciencia, al comercio y al desarrollo capitalista.     

Porque, desde la libertad, tenemos la obligación de dar gracias a Dios por nuestro sol, nuestro clima y nuestro cielo, pero no es lícito convertirlo en excusa para la holganza, la chapuza o la despreocupación despreciando la ética protestante del trabajo.    

Porque, desde la libertad, tenemos la obligación de apreciar algunas singularidades de nuestro carácter, pero no podemos ya considerar la mentira un pecado venial, ni tolerar un solo instante a los políticos corruptos, ni rechazar con desprecio la supremacía de la ley.    

Porque, desde la libertad, tenemos la obligación de estimar nuestro variado paisaje, pero no podemos seguir despreciando la innovación técnica o el espíritu emprendedor.     

Reconocer que nos hemos equivocado –y gravemente– y asumir como propias esas terribles equivocaciones, no pocas veces teñidas de sangre, es el primer paso para cambiar. De los siguientes, hablaré en próximas entregas.

15/01/2012     La izquierda española: un retrato en negativo de la iglesia católica (III): el inevitable voto socialista

¿Qué partido prometía que Papá Estado cumpliría con unas metas asistencialistas que hasta entonces sólo de manera muy limitada e imperfecta había cumplido la Santa Madre Iglesia?

23/09/2011     Diez negritos

Como me pasó en aquellos días de infancia, sé que gente de la que nos fiamos no lo merecía en absoluto y también me consta en el fondo quién va a ser el próximo negrito en caer. Comprendan ustedes que no pueda evitar una profunda tristeza.

Como sabe cualquiera con dos dedos de frente, el dinero público se ha terminado y tenemos una deuda espectacular que no podemos pagar porque nuestra calificación no deja de caer por el dispendio autonómico encabezado por Cataluña.

Ante esto, algunos presidentes han decidido que se impone el recorte presupuestario. Los primeros afeitados han pasado por automóviles oficiales, pesebres varios, lenguas cooficiales -salvo en Cataluña, donde esa cuestión basta para violar la legalidad y debería ser suficiente para suspender la autonomía a tenor del artículo 155 de la Constitución- y liberados sindicales.

Ahí el ejemplo de sensatez lo ha dado el presidente de Baleares, que ha decidido que la inmensa mayoría de los liberados son prescindibles. Naturalmente, los secretarios de los respectivos sindicatos no han tardado en lanzarse al micrófono más cercano y escupir sus protestas.

Como en otras ocasiones, el que ha estado mejor ha sido Toxo , quizá porque Méndez es de lo más lejano a la sintaxis y la prosodia de la clase política. Toxo afirma que la supresión de los liberados sindicales es "demagogia", que representan a la clase trabajadora y que la medida va a provocar el empeoramiento de la vida en las Baleares.